La frontera norte de Brasil se ha convertido en un punto crítico de la migración venezolana, donde la militarización y los controles logísticos buscan contener una crisis humanitaria sin precedentes en la región
La frontera entre Brasil y Venezuela, ubicada en el extremo norte del estado brasileño de Roraima es uno de los puntos más críticos de la crisis migratoria venezolana en América del Sur. Desde mediados de la década de 2010, con el colapso económico y político en Venezuela, miles de personas han cruzado diariamente hacia Brasil en busca de refugio, alimentos y atención médica.
Por ello, esta situación ha llevado al gobierno brasileño a adoptar medidas excepcionales, incluyendo la militarización del paso fronterizo y el establecimiento de barreras logísticas y filtros estrictos, lo que ha generado tensiones tanto dentro como fuera del país.
El principal punto de entrada para los migrantes venezolanos es el municipio de Pacaraima, ubicado a escasos kilómetros del paso fronterizo con la ciudad venezolana de Santa Elena de Uairén. Este paso, que antes del colapso venezolano era relativamente tranquilo, se transformó rápidamente en un corredor humanitario improvisado. A diario, familias enteras cruzan a pie, muchas veces sin recursos ni documentos, enfrentando condiciones extremas y largas esperas en campamentos o refugios.
Ante el aumento del flujo migratorio —que en ciertos periodos ha superado las 500 personas por día—, el gobierno federal de Brasil desplegó a las Fuerzas Armadas en la región a través de la llamada “Operación Acolhida”. Esta iniciativa, activa desde 2018, tiene el doble objetivo de organizar el ingreso de migrantes y descomprimir la presión sobre los servicios locales de Roraima, un estado con recursos limitados y tensiones sociales crecientes.
Militarización en la zona
La militarización ha permitido establecer puestos de control, centros de registro biométrico, vacunación y filtros de seguridad, en un intento de ordenar lo que inicialmente fue un flujo desbordado. Sin embargo, también ha dado lugar a críticas desde organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre la posibilidad de prácticas de perfilamiento racial, discriminación o restricciones arbitrarias al ingreso.
Además de la presencia militar, Brasil ha levantado barreras logísticas significativas. Entre ellas destacan los centros de interiorización, donde los migrantes son trasladados voluntariamente a otras partes del país, en un esfuerzo por evitar la saturación de Boa Vista, la capital de Roraima. Aunque esta medida ha sido clave para redistribuir la carga migratoria, ha enfrentado obstáculos como el rechazo de algunas localidades a recibir migrantes o la falta de empleos formales en los destinos elegidos.
En paralelo, sectores de la sociedad roraimense han manifestado resistencia y xenofobia, producto del miedo al desempleo, la inseguridad o la sobrecarga de los servicios públicos. Esta tensión social ha sido uno de los argumentos que han llevado al gobierno estadual a pedir incluso el cierre temporal de la frontera en años recientes.
En síntesis, la frontera entre Brasil y Venezuela en Roraima se ha convertido en un espacio donde se cruzan las políticas migratorias, los intereses locales, los desafíos logísticos y las urgencias humanitarias. Aunque Brasil ha evitado construir muros físicos, las barreras de facto —militares, administrativas y sociales— están marcando profundamente la experiencia migratoria en esta región clave de Sudamérica.